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Las medidas migratorias: van a tomar más que una protesta, hay que ponerse un traje y una corbata

Las medidas migratorias: van a tomar más que una protesta, hay que ponerse un traje y una corbata
“Los latinos somos buenos para oponernos a la injusticia y protestar. Lo hemos estado haciendo toda la semana. Pero no somos muy buenos en la acción política”.

Esta ha sido una semana desalentadora para los inmigrantes en toda la nación, y no sin motivos.

Las comunidades de inmigrantes están buscando respuestas después de la publicación de reportes de redadas migratorias por ICE en varias ciudades dentro de Estados Unidos; de la detención de soñadores como Daniel Ramírez Medina de Seattle, y la deportación de
padres de ciudadanos estadounidenses como Guadalupe García de Rayos de Arizona. Aunque las recientes directrices del DHS indican que los dreamers serán protegidos –lo cual aplaudo–, las nuevas directrices mandan señales mixtas y aumentan la discreción
para deportar que tienen los oficiales de migración.

Permítame ser muy claro. Elogié al Presidente públicamente después de su decisión de reinstalar la “Política de la Ciudad de México” (que prohíbe usar fondos federales estadounidenses para apoyar a organizaciones civiles que promueven el aborto) y aplaudí la intención del Presidente Trump de desmantelar la Enmienda Johnson (una cláusula que estipula que entidades libres de pagar impuestos, como iglesias u organizaciones caritativas, no pueden participar, directa o indirectamente, en ninguna campaña política a favor o en contra de un candidato). Celebré cuando solo dos horas después de una reunión que tuvimos con la administración en diciembre el Presidente emitió una declaración prometiendo “hacer algo” con respecto a los dreamers (o soñadores). Me siento honrado de trabajar con esta administración cuando me lo han pedido y continuaré haciéndolo si me lo piden.

Pero he sido muy claro también, en privado con la administración y en publicó en entrevistas recientes, en que no puedo condonar o defender una política migratoria que separa familias.

Manteniendo esa promesa, la semana pasada emití una declaración urgiendo al presidente Trump que defina y limite sus políticas migratorias a criminales violentos –narcotraficantes, asesinos, y miembros de pandillas– que son una amenaza clara e inmediata para la seguridad pública. Deportar a los padres indocumentados de hijos ciudadanos representa una afrenta a la santidad de la vida y a nuestros valores compartidos como estadounidenses.

El caso de Guadalupe García de Rayos es complicado, y decir otra cosa es contrario a la realidad. Casi una década atrás, en una redada migratoria en su lugar de trabajo, García de Rayos fue declarada culpable de suplantación de identidad, un delito grave de clase 6 criminal. En otras palabras, ella usó un número de seguro social robado para poder emplearse. También estaba usando un número de residencia robado. García de Rayos se declaró culpable y fue condenada a dos años de libertad condicional y servicio comunitario.

Aunque comunes entre inmigrantes indocumentados, es importante que la comunidad hispana reconozca que estos no son crimines sin víctimas. El robo de identidad impacta el historial de impuestos de la víctima y afecta su crédito por años. También tiene un efecto agregado en todos nosotros, en la forma de tasas más altas de tarjetas de crédito e incluso en la distribución de los dólares de los impuestos. Estados Unidos es un país de leyes, y cuando los inmigrantes violan las leyes se ponen en riesgo a sí mismos y a la comunidad en general.

Pero lo de Guadalupe no se trató de violaciones repetidas de la ley y ella no demostró ninguna intención maligna. Debía de haber consecuencias para su crimen –por el cual recibió dos años de libertad condicional y servicio comunitario– pero García de Rayos simplemente estaba trabajando para proveer a su familia.

Además, la familia que estaba sosteniendo incluye dos hijos que son ciudadanos de los Estados Unidos. ¡Y este es el centro de esta situación! Puedes argumentar, como algunos lo han hecho, que los hijos de inmigrantes indocumentados no deberían de recibir ciudadanía al nacer en este país, pero esta no es la manera en que la Enmienda 14 ni las leyes del país son interpretadas ni aplicadas. La actual interpretación de la ley ha sido apoyada por una innumerable cantidad de decisiones judiciales.

Entonces, ¿dónde quedamos?

Una interpretación estricta de la orden ejecutiva de la administración separaría familias amorosas, llevando el futuro de miles de niños estadounidenses a una incertidumbre peligrosa. No solo sería una de las políticas más dañinas jamás promulgadas por el gobierno de Estados Unidos, también resultaría en una carga increíble para el estado. Un sinnúmero de niños quedarían sin padres, dejando a los funcionarios locales y a los ciudadanos que pagamos impuestos responsables por su cuidado. Este es un escenario en donde todos pierden y que tiene consecuencias potenciales horribles.

Y aquí está el problema: nuestros funcionarios, a menos de que sean latinos, no entienden las experiencias de nuestra comunidad.

Los latinos somos buenos para oponernos a la injusticia y protestar. Lo hemos estado haciendo toda la semana. Pero no somos muy buenos en la acción política. Tenemos que educar a nuestros congresistas sobre las implicaciones de esta orden, y tenemos que ayudarles a encontrar mejores soluciones. Tenemos que llamar a sus oficinas e ir a Washington D.C. Tenemos que caminar por los pasillos del Capitolio. No podemos esperar que ignoren la ley, pero podemos ayudarles a que la mejoren.

Protestar sin acción concreta solo causa más ruido y controversia. Cada lado se indigna, y al final nos puede lastimar más que ayudar. Tenemos que acompañar nuestras protestas con una medida igual de acción política. Lo uno –sin lo otro– es insuficiente.

Como la comunidad con el crecimiento demográfico más rápido de Estados Unidos, los hispanos necesitamos aprender cómo usar el sistema a nuestro favor y como persuadir a los legisladores, uno por uno, a que se pongan de nuestro lado. Por cada diez de nosotros que levanta pancartas en la esquina, debería de haber cien de nosotros caminando por los corredores de poder, reuniéndose con quienes podrían tomar medidas a nuestro favor si tan solo entendieran nuestros asuntos, y si supieran que nos preocupan tanto que nos tomamos el tiempo para ir a sus oficinas a explicarles lo que es importante para nosotros.

Necesitamos mantener a nuestros hijos en escuelas secundarias, universidades y escuelas de leyes (y sacarlos de las calles), para que sean entrenados para pelear por la siguiente generación. Y necesitamos liderar con el ejemplo… quitémosle el polvo a nuestros trajes y corbatas y digamos presentes. La pelea por los derechos civiles de los negros involucró huelgas, protestas y acciones simbólicas. Pero fue más que eso. También involucro acción audaz, política y legislativa.

Esta semana, hemos sido muy ruidosos, pero no estoy seguro de que hayamos sido muy efectivos. No es por falta de poder. Somos demasiado grandes para ser ignorados.

Será por falta de estrategia si nos quedamos atrás.

Únete a mi para pedir que nuestros funcionarios públicos actúen rápidamente y corrijan el curso antes de que más familias sean lastimadas.

Rev. Samuel Rodríguez es Presidente de la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano. Ha sido nombrado por CNN y FOX News como “el líder del movimiento Hispano Evangélico,” y la revista TIME lo nominó entre los 100 líderes más influyentes en Estados Unidos.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.

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