En una decisión emitida el mes pasado, el juez de la Corte Superior del condado de Sacramento, Timothy Frawley, dictaminó que el gobernador Jerry Brown y la legislatura estatal actuaron ilegalmente al desviar más de $ 331 millones de $ 410.6 millones en fondos de liquidación hipotecaria que estaban destinados a ayudar a los propietarios que luchan con ejecuciones hipotecarias.

Los $ 410.6 millones fueron parte de un acuerdo de $ 25 mil millones a nivel nacional con los bancos más grandes del país por irregularidades en el servicio hipotecario.

En cambio, el dinero se utilizó para ayudar al estado a lidiar con su crisis presupuestaria y se desvió para compensar los gastos estatales para el servicio de la deuda de bonos de vivienda, así como para apoyar al Departamento de Justicia y al Departamento de Vivienda y Empleo Justo.

A pesar del fallo del tribunal, el juez señaló que carecía de autoridad para ordenar al estado que reembolsara el dinero debido a la separación de poderes del gobierno estatal.

“El tribunal asumirá que la Legislatura y los demandados tomarán las medidas necesarias y apropiadas para cumplir con esta obligación”, escribió Frawley en su decisión preliminar del 12 de junio.

El juez está considerando las mociones antes de firmar su decisión y no está claro cuándo se puede finalizar.

La demanda contra el estado fue presentada el año pasado por tres grupos sin fines de lucro que ofrecen asesoramiento a los propietarios de viviendas.

Los tres demandantes eran la Coalición Nacional Asiático-Americana, la Corporación de Desarrollo Comunitario COR y la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano.

Los grupos dicen que el dinero debería haberse distribuido a unos 800.000 propietarios afectados por la crisis de ejecuciones hipotecarias. Los propietarios podrían haber usado el dinero para cosas como ayudar a obtener modificaciones de préstamos, restaurar puntajes de crédito, comprar casas nuevas o pagar la mudanza.

El abogado Neil M. Barofsky, que trabaja en la firma Jenner & Block en Nueva York, presentó la demanda en nombre de los tres demandantes. Es el ex inspector general del rescate bancario federal.

En un correo electrónico, Barofsky dijo que si el estado sigue la orden, el dinero se devolverá al Fondo de Depósito Especial para gastarlo en los fines para los que se pretendía originalmente.

Contactados el lunes, la oficina del gobernador Brown no especificó qué medidas planean tomar en reacción al fallo del juez, aparte de decir que continúan considerando los próximos pasos.

El bufete de abogados Remcho, Johansen & Purcell representa al Gobernador y Director de Finanzas en este asunto.

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